Elementos clave de la Ley de Impuesto a los Grandes Patrimonios

Elementos clave de la Ley de Impuesto a los Grandes Patrimonios

En la Gaceta Oficial N° 41.667 de fecha del 3 de julio fue publicada la Ley de Impuesto a los Grandes Patrimonios, la cual fue aprobada la primera semana del mes de Julio por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y por lo tanto se encuentra en plena vigencia, de acuerdo con los términos de la misma norma aprobada por la ANC.

El texto de la norma fue publicado sin exposición de motivos y entre su contenido indica que se cobrará desde 0,25% hasta 1,5% a personas naturales con más de 250.000 euros (282.500 dólares) de activos y a empresas cuyo patrimonio sume más de 650.000 euros (734.500 dólares). De forma más específica indica que de ahora en adelante se gravará el patrimonio neto de los sujetos pasivos especiales o contribuyentes especiales, así calificados por el Seniat, que sea igual o superior a 36 millones de Unidades Tributarias (UT) para personas naturales sin incluir vivienda principal, y 100 millones de UT para empresas. Al valor actual, estos valores equivalen a 1.800 millones de bolívares para personas naturales y 5.000 millones para las personas jurídicas.

El artículo 23 señala que «La alícuota impositiva aplicable al valor del patrimonio neto determinado conforme a lo previsto en esta Ley Constitucional podrá ser modificada por el Ejecutivo Nacional y estará comprendida entre un límite mínimo de cero coma veinticinco por ciento (0,25%) y un máximo de uno coma cincuenta por ciento (1,50%). El Ejecutivo Nacional podrá establecer tarifas progresivas conforme al valor patrimonial».

Economistas y asesores declaran que la nueva normativa destaca por su sesgo recesivo en virtud del contexto crítico que atraviesa el sector productivo venezolano. Uno de los asuntos más controvertidos es que la nueva ley configura una imposición doble sobre patrimonios que ya son pechados con el Impuesto sobre la Renta.

Hay que resaltar que el artículo 26 señala que: «el pago del impuesto deberá efectuarse en el plazo y bajo las formas y modalidades que establezca la Administración Tributaria». Este punto es relevante, porque los expertos advierten la posibilidad de que se aplique el mismo sistema de anticipos que opera con los impuestos Sobre la Renta y al Valor Agregado.

Por otro lado, en el artículo 12 de esta nueva ley se señala que en la atribución e imputación del patrimonio: “los bienes y derechos que se atribuirán al titular conforme a los registros públicos” apuntando que mientras “el bien no esté sometido a a formalidades de registro se atribuirá al poseedor”. Pero sí existe el caso de arrendamiento financiero contratados con empresas regidas por la legislación que regula los bancos y otras instituciones financieras”. Entretanto, en los casos de contrato de fideicomiso, el bien objeto de fideicomiso se atribuirá al beneficiario. 

Para información más detallada sobre los alcances de esta ley dejamos a disposición la siguiente presentación:

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